Resumen De Los Hechos El 29.10.1988, 16 pescadores fueron emboscados y 14 de ellos masacrados
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  por efectivos del Comando Específico “José Antonio Páez” (CEJAP), en el sector conocido como Caño La Colorada, estado Apure. Todos ellos residentes casi en su totalidad en la población, de El Amparo. El CEJAP estaba integrado por funcionarios de la Policía Técnica Judicial (PTJ), la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) y miembros de las Fuerzas Armadas. Estado del caso
Esta masacre puso al descubierto la flagrante violación del derecho a la vida y a la justicia consagrados en la Constitución Nacional. La carencia de un sistema judicial que garantizara estos derechos llevó a que se introdujera una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humano contra Venezuela, la cual falló en 1997 a favor de las víctimas y constituyó el primer juicio internacional contra la impunidad en Venezuela, la violación del derecho a la vida, a la justicia , la integridad personal , la inviolabilidad del domicilio todos ellos consagrados en nuestra carta magna en los artículos 43, 49, 58, 60 y 68.
En este caso de la masacre de El Amparo, la actuación de los integrantes de los tribunales, consejos de guerra y corte marciales que lo procesaron se orientó al claro propósito de producir impunidad. Ante la evidente actuación irregular de los tribunales venezolanos en la jurisdicción militar, el caso de la masacre de El Amparo tuvo que ser presentado en el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos. El 10 de agosto de 1990, la Comisión Interamericana abrió el caso asignándole el número 10.602. Durante tres años y dos meses el caso fue procesado en esta instancia, destacándose en todo ese lapso una conducta por parte del Estado venezolano orientada a obstaculizar la posibilidad de obtener justicia. El 12 de octubre de 1993, es decir, casi al cumplirse cinco años de la masacre, la Comisión, de conformidad con el artículo 50 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, publicó un Informe en el cual se recomendaba al gobierno de Venezuela -presidido por Ramón J. Velásquez- que investigara y sancionara a los autores materiales, intelectuales y encubridores, y a su vez que se indemnizara a las víctimas. Ante la negativa del gobierno de Ramón J. Velásquez, la Comisión, a solicitud de los representantes de las víctimas, presentó el caso el 14 de enero de 1994 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 1° de agosto de 1994, el Estado de Venezuela procedió a contestar la demanda. Sin embargo, el 11 de enero de 1995, el gobierno venezolano reconoció la responsabilidad internacional por los hechos y admitió que había ocurrido una masacre, que dicha masacre fue cometida por funcionarios del Estado venezolano y que como consecuencia se había causado un daño a los familiares y sobrevivientes, que debía reparar. Con fundamento en dicho reconocimiento, la Corte Interamericana dictó sentencia el 18 de enero de 1995, la primera dictada por esta contra Venezuela. Una nueva sentencia sobre el mismo caso fue dictada por la Corte el 19 de septiembre de 1996, pero esta vez sobre las reparaciones que debería cumplir el Estado venezolano. Del contenido de las dos sentencias, este quedó obligado a investigar y sancionar a los responsables de la masacre e indemnizar a las víctimas. Durante la gestión del gobierno del Presidente Caldera se pagó la casi totalidad de la indemnización, pero el Estado, por un mal cálculo de los pagos, quedó debiendo aproximadamente el 5% de esa indemnización, que fue finalmente cancelada en diciembre de 2010 bajo la gestión del Presidente Hugo Chávez. Durante la gestión del Presidente Caldera se consumó la impunidad al declarar no culpables a los autores materiales en la jurisdicción militar y nunca investigar a los autores intelectuales. En la gestión del gobierno del presidente Chávez nada se ha realizado para lograr justicia. En reiteradas oportunidades la Corte Interamericana le ha exigido castigar a los culpables, mas la impunidad continúa a pesar de las reiteradas declaraciones de diversos voceros del gobierno repudiando la masacre.
En abril de 2011, Provea envió una comunicación a la Fiscal General de la República para que se pronunciara con respecto al caso de El Amparo, solicitando que se realizara una reunión con los sobrevivientes, familiares de las víctimas y sus representantes para dar información sobre el alcance de las investigaciones realizadas y las gestiones a realizar; y requiriendo que el Estado Venezolano presente a la Corte, el mencionado cronograma. Actualmente, se está en espera de que la Fiscalía dé respuesta a la petición que se le planteó, y de que el Estado venezolano presente el cronograma de trabajo que debe implementarse. A diferencia de otros casos de violaciones a los derechos humanos, en la Masacre de El Amparo sus autores materiales están plenamente identificados. Los dos sobrevivientes del hecho, familiares de las víctimas y otros actores claves en la lucha por la verdad y contra la impunidad, quienes dos décadas después continúan luchando por limpiar el nombre de aquellos humildes pobladores de la frontera venezolana y el castigo para los responsables.
"EN EL AMPARO LOS MUERTOS HABLAN"
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